En Ceuta, decenas de miles de personas han cruzado la frontera en las últimas semanas. Lo que está ocurriendo exactamente —por qué cruzan, quiénes son, qué les empuja— es más complejo de lo que los discursos de uno y otro lado permiten ver. Y mientras se intenta entenderlo, el debate político español se ocupa principalmente de instrumentalizarlo. 

La derecha habla de invasión. Conviene detenerse un momento en esta palabra. Una invasión requiere armas, organización militar, voluntad de conquista. Lo que llega a Ceuta son personas con lo puesto. Llamar invasión a eso no es un análisis, es una decisión lingüística que cierra el debate antes de abrirlo. Pero la izquierda tampoco describe bien lo que ocurre cuando presenta la situación como un éxodo humanitario sin más. Marruecos no está en guerra. No es Ucrania ni Gaza. Cabe preguntarse, con honestidad, si estamos ante personas que huyen de una catástrofe o ante un flujo migratorio que el gobierno marroquí gestiona —y en ocasiones activa deliberadamente— como palanca de presión sobre España en asuntos de política exterior: el Sáhara Occidental, la relación con Argelia, los acuerdos pesqueros. No sería la primera vez ya que en 2021 Marruecos abrió su frontera con Ceuta en cuestión de horas, en lo que analistas y gobiernos europeos interpretaron como una represalia diplomática. El resultado fueron diez mil personas cruzando en un día. Si parte de lo que ocurre ahora responde a esa misma lógica, las personas que cruzan no son solo migrantes: son también instrumentos de una geopolítica que no han elegido.

Y si cruzan por hambre —que puede ser— habría que preguntarse también por qué ese malestar no se traduce en crítica a la propia clase política marroquí, que lleva décadas administrando una riqueza muy desigualmente repartida. La pregunta es la misma que cualquier ciudadano europeo se hace sobre su propio país. Hacérsela a los migrantes no es culpabilizarles; es tomarlos en serio como sujetos políticos capaces de exigir cuentas a sus gobernantes, no solo de escapar de las consecuencias de su mala gobernanza.

Unos y otros hablan sobre los migrantes con una fluidez que contrasta con la dificultad de hablarles a ellos. En ese espacio —entre el discurso que instrumentaliza y la persona que cruza— se cuela una pregunta que nadie formula en voz alta pero que subyace a todo el debate: ¿qué se supone que deben pensar políticamente estas personas? ¿A quién se supone que deben votar, si algún día llegan a poder hacerlo?

La pregunta parece absurda formulada así. Pero es exactamente lo que se da por supuesto en ambos extremos del espectro: que los migrantes tienen una conciencia política predeterminada. Que su condición les asigna un lugar en el tablero electoral antes de que hayan abierto la boca.

Conviene además recordar que hay inmigrantes e inmigrantes. Los hay que huyen de guerras, del hambre, del colapso ambiental de sus territorios: son quienes protagonizan las imágenes de Ceuta, quienes generan más ruido mediático y político. Pero los hay también quienes migran con recursos propios, para invertir, para crear empresas, para establecerse en un país que les ofrece oportunidades que su lugar de origen no tiene. Estos últimos existen, aunque sean menos visibles. Y los primeros —los que llegan con lo puesto— a menudo sueñan con llegar a ser los segundos. Esa aspiración no es un detalle menor, es el motor de buena parte de la historia de la migración humana. Congelar al migrante en su momento más vulnerable es una forma de negarle el futuro al que aspira.

Los hijos que no se parecen a sus padres

Preguntarse si un inmigrante puede votar a la derecha se parece mucho a preguntarse si todos los hijos de una familia se parecen necesariamente a sus padres, si adoptan sus costumbres, sus valores, su forma de ver el mundo y, llegado el caso, su opción política. La respuesta es obvia para cualquiera que tenga familia: no. Los hijos crecen, acumulan experiencias propias, se forman criterios propios y acaban votando —si votan— según sus propias convicciones. A veces igual que sus padres. A veces exactamente al contrario. Eso no es traición: es autonomía.

Con los migrantes funciona la misma lógica, pero se aplica con menos generosidad. Se da por hecho que quien ha cruzado una frontera en condiciones difíciles votará a quien prometa más acogida, más derechos, más Estado. Se obvia que esa persona puede tener valores conservadores, puede venir de una cultura con una concepción del orden, la familia o la religión que no encaja con el progresismo europeo, puede haber huido precisamente de un régimen de izquierda y tener razones muy concretas para desconfiar del Estado, puede aspirar a trabajar, prosperar y prescindir de cualquier ayuda lo antes posible. Todo eso es perfectamente compatible con ser migrante. Nada de eso determina el voto.

Asumir que el migrante votará a la izquierda porque recibe ayudas es asumir que no tiene otro proyecto de vida. Es, en el fondo, no tomarlo en serio.

El determinismo que comparten los dos extremos

La alarma ante la Ley de Nietos —que permitirá a cerca de dos millones de descendientes de represaliados por el franquismo obtener la nacionalidad española— sigue la misma lógica. Hay quienes denuncian una operación de ingeniería electoral porque dan por hecho que esos nuevos ciudadanos votarán en bloque a la izquierda. El razonamiento implícito es que la memoria familiar de la represión determina el voto en la España de 2026. Como si los nietos de quienes huyeron del franquismo a Argentina, a México, a Venezuela no hubieran vivido sus propias experiencias políticas, no tuvieran sus propias ideas, no pudieran ser perfectamente conservadores, religiosos o liberales en sentido económico.

La derecha que denuncia el pucherazo y la izquierda que escandaliza ante el migrante que vota a Vox cometen exactamente el mismo error. Niegan la autonomía política del otro sustituyéndola por una supuesta conciencia de grupo que decide en su lugar. Uno lo llama fraude electoral. El otro lo llama falsa conciencia. Pero los dos parten del mismo sitio: de la certeza de que ya saben cómo debería votar alguien antes de que ese alguien haya abierto la boca.

Lo que dicen los datos

No hace falta recurrir a hipótesis. En las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024, una proporción significativa del voto latino fue a Donald Trump, el candidato que había construido parte de su programa sobre la restricción de la inmigración y la deportación masiva. El dato incomodó a mucha gente. Pero no debería haber sorprendido. Un hispano establecido con negocio propio e hijos nacidos en Estados Unidos puede valorar perfectamente el control migratorio, la seguridad o la economía de mercado por encima de las políticas de acogida. Que esa posición sea discutible no la hace incoherente. La hace humana.

El caso cubano es aún más claro. Los cubanos en el exilio votan de manera abrumadoramente conservadora en todo el mundo occidental. No por falsa conciencia. Tienen la experiencia directa, en carne propia o en la de sus familias, de lo que el socialismo real hizo con su país. Nadie tiene más derecho a una opinión sobre el Estado que quien ha vivido su versión más extrema. Llamar a eso traición de clase no es análisis político, es un insulto a su memoria.

Algunos responderán que Cuba es un caso diferente, que el bloqueo estadounidense es la causa real del sufrimiento cubano, y que sin él el socialismo habría demostrado su viabilidad. Es un argumento que merece ser tomado en serio. El bloqueo existe, tiene consecuencias económicas reales y ha sido condenado sistemáticamente por la comunidad internacional. Pero el bloqueo no explica los presos políticos. No explica la ausencia de libertad de prensa. No explica que quien critica al gobierno pueda acabar en la cárcel. No explica el éxodo de millones de personas que no huyen de la pobreza sino de la imposibilidad de vivir y pensar con libertad. Los cubanos que votan conservador en el exilio no lo hacen porque les haya convencido la propaganda anticomunista: lo hacen porque vivieron, o sus familias vivieron, algo que ningún argumento sobre el bloqueo puede borrar. Escucharlos no es hacer el juego al imperialismo. Es tomarse en serio su experiencia.

El sufrimiento no es un argumento

Volviendo a Ceuta: lo que ocurre en la frontera es una crisis humanitaria que merece ser tratada como tal, sin que el sufrimiento de las personas que la protagonizan se convierta en munición para ningún relato previo. Ni el relato de la invasión ni el relato de la acogida incondicional hacen justicia a la complejidad de lo que está pasando ni a la dignidad de quienes lo padecen.

Esas personas tienen historias, valores, ideas y, si algún día ejercen el derecho al voto, lo harán según sus propias convicciones. Puede que voten a la izquierda. Puede que voten a la derecha. Puede que con el tiempo se conviertan en los votantes más escépticos ante cualquier partido que haya utilizado su imagen para hacer campaña.

La autonomía política no admite excepciones por origen, género o condición. Reconocerla plenamente es el único antídoto contra el paternalismo que, de izquierda a derecha, sigue tratando a los migrantes como símbolo antes que como personas.